La escena parece propia de una película apocalíptica: filas de decenas de médicos desesperados—con la esperanza de recibir la inoculación contra el COVID-19—esperando frente a las instalaciones militares de una gran ciudad. Por instrucciones de las autoridades son separados, como si el lugar donde trabajan y dan la vida por otros fuera un pasaporte para recibir protección frente al virus que ha quebrantado a la humanidad. Unos son rechazados, mientras los otros son privilegiados con la vacuna.
Esto se vivió en la CDMX hace unos días. El gobierno le ha dado la espalda a miles de médicos privados, que—al igual que todos los demás—han dado la cara para enfrentar el coronavirus. Peor aún, los más afectados son doctores que trabajan en consultorios de farmacia. Estos, forman parte de la red de atención en salud de México, ya que muchos mexicanos acuden como primera instancia a consultas ahí—dejando la ineficiencia y lentitud de los servicios de salud públicos para malestares de mayor complejidad.
En vez de arreglar y corregir las carencias del sistema de salud, el gobierno mexicano optó por comenzar una pugna ideológica, dividir y polarizar al personal de salud—los privados y los de hospitales públicos. Los que están con nosotros y los que están en contra de nosotros. Los privilegiados y condenados. Sin vacunas todos aquellos que reclamaron la eliminación del Seguro Popular y la creación del INSABI, a pesar de que carezca de reglas de operación, infraestructura y recursos. Los que son del pueblo sí, los que no, pues que esperen.
El discurso, como ha ocurrido desde el inicio del sexenio, está creando una realidad alterna que millones de mexicanos toman como cierta. Los argumentos que los seguidores del presidente hacen para justificar la falta de vacunas, se originan desde el púlpito presidencial. No hay razón lógica para justificar que médicos privados enfrentan el mismo nivel de riesgo que meseros, conductores de transporte público o maestros. Incluso, si aquello fuera cierto, sería primordial proteger primero a médicos para curar a los enfermos y mantener operante el sistema de salud.
Esta forma de diseñar las políticas públicas, en particular la de decidir quiénes reciben la vacuna de manera prioritaria y qué grupos no, tiene consecuencias que van más allá de preferencias políticas, electorales o ideológicas. El que no se vacunen de inmediato a miles de personas, médicos, enfermeros o personal auxiliar involucradas en el sistema de salud—de cualquier índole—costará vidas del personal que, desde que comenzó la pandemia ha carecido de protecciones adecuadas, y de los pacientes que no recibirán la atención oportuna, producto de la fatiga de los únicos que tienen la capacidad de atenderlos.